Opinión sobre la nueva ley universitaria

Revisando una entrevista realizada al ministro de Educación, Jaime Saavedra, acerca de la reciente aprobación de la nueva Ley Universitaria, me llamó la atención la siguiente de sus frases: "Hay mucha dispersión en la calidad de la enseñanza superior"; premisa que trae a colación a mi mente una discusión realizada en una de las clases de postgrado. En principio, una de las metas de dicha ley es estandarizar la calidad de la enseñanza superior, tanto de las universidades públicas como privadas. Ahora bien, sucederá que -a corto plazo- dicha estandarización, a su vez, impacte el mercado en lo que concierne al servicio de enseñanza universitaria (pregrado y posgrado). Cabe la pregunta entonces, ¿Cuál sería el impacto económico del logro de estandarizar la calidad de enseñanza en educación superior de todas las universidades privadas del país? Para dar respuesta, es importante tomar en consideración que hay diferencias notorias entre el costo de enseñanza de algunas universidades particulares, en comparación con otras (por ejemplo, la Universidad del Pacífico es una de las más caras, y, por otro lado, la Universidad César Vallejo ofrece precios mucho más módicos y accesibles).

Si la enseñanza de educación superior de algunas universidades particulares muestra una mejoría en lo que respecta a calidad (estandarizándose con aquellas universidades que brindan la mejor calidad y que por ende son más costosas), lo que ocurriría es que los ofertantes de dicho servicio incrementen los precios; por lo que el costo de estudiar en una universidad privada aumentaría, ocasionando en la práctica una mayor dificultad de acceso a la educación superior de gran porcentaje de población en nuestro país.

Es loable que se pretenda pues una mejor calidad de educación y se exija mayor competitividad, pero también es importante, no sólo estudiar y analizar la ley desde un punto de vista legal-jurídico, sino también desde un punto de vista económico, tan inadvertido muchas veces al momento de analizar una situación fáctica-jurídica.